¡¡¡¡¡ALGO VA MAL!!!!!!!!!!

Desde la FEP-USO estamos observando declaraciones y posicionamientos políticos, que empiezan a poner de manifiesto el poco sentido o mejor dicho, el poco interés actual para que exista un estado democrático real, regido con criterios de imparcialidad y objetividad y con empleados públicos independientes del poder político. Las declaraciones en los medios de comunicación no solo de empresarios (para estos, su único norte es el dinero, o mejor dicho los beneficios empresariales), también de políticos cuyo único interés y preocupación parece ser, la eliminación de la condición de funcionario y su carácter vitalicio, como ha ocurrido en Navarra con la aprobación del Plan Moderna.
Llegados a este punto, conviene aclarar algunas cuestiones importantes, del por qué y para que, de la condición de funcionario y su carácter vitalicio, cuestión esta muy importante en un Estado democrático y de Derecho, como el nuestro……¡hasta la fecha! …pero, ¿y en el futuro?.
El carácter vitalicio de un funcionario (aunque siempre es posible su despido, mediante el expediente contradictorio correspondiente), proviene de la condición de garante de la legalidad vigente cuya responsabilidad es en parte, del funcionario público (término este último, que se ha perdido con el tiempo). Este era y es, el verdadero motivo del carácter vitalicio de los funcionarios: ser garante de la legalidad, sin importar los cambios políticos que puedan sufrir las AAPP.
Ya conocemos las presiones que algunos políticos-gestores ejercen sobre los empleados públicos, sobre todo en algunas Administraciones pequeñas, como los Ayuntamientos. Y podemos imaginarnos claramente lo que ocurriría, si en las AAPP se utilizase libremente el despido, tal como se plantea abiertamente por algunos políticos y demandan algunos empresarios: sería el fin de la actual independencia administrativa. ¿Qué funcionario público se opondría a una orden subjetiva, incluso poco legal, si está en juego su trabajo? ¿Es esto el fin que se persigue?
La verdad es que oyendo algunas declaraciones que se "largan" a través de medios de comunicación y leyendo las propuestas firmadas en algunas Instituciones por políticos, sindicatos (UGT y CCOO de Navarra) y empresarios, debemos esperar lo peor.
A finales del siglo XIX, existía es España la figura del "cesante", que era un funcionario nombrado por el partido político que estaba en el poder y que cesaba, cuando cambiaba el Gobierno. Estos "funcionarios politizados", recibían y cumplían ordenes políticas "sin rechistar", y por supuesto, en la mayoría de los casos nada objetivas. Mandatadas por el político de turno, que era quien les nombraba y a quién debían obediencia. ¿Es este el futuro de la Administración Pública en España? Si es así, algo va rematadamente mal.

¡¡Administración Pública objetiva y empleados públicos
independientes del poder político!!