Las organizaciones se revindican como interlocutores representativos para la reforma del sistema de pensiones y no descartan otras acciones.
Llevarán la semana próxima a los grupos parlamentarios un paquete de enmiendas.
Los sindicatos ANPE, CCP, SAE, SATSE y USO han presentado esta mañana en Madrid una serie de acciones conjuntas encaminadas a que se modifique “sustancialmente” el Proyecto de Ley de reforma del sistema público de pensiones presentado por el Gobierno y respaldado por los sindicatos UGT, CCOO y por la patronal.
Para estos sindicatos, las pensiones no son el problema de la economía, sino el empleo, y proponen controlar el gasto y hacer reformas globales que configuren un marco adecuado para el crecimiento económico y del empleo. Reformas entre las que destacan el desarrollo del capital humano con más inversión en educación, potenciar el I+D+i, facilitar las infraestructuras adecuadas y una reforma del mercado laboral distinta de la que se ha acometido.
En una declaración presentada se muestran partidarios de mantener los 65 años como edad legal de jubilación con derecho al 100% de la pensión, mantener el periodo de cálculo en los 15 años con elección del trabajador de los años que más le interesan o establecer coeficientes para anticipar la edad de jubilación en determinadas profesiones, entre otras numerosas propuestas.
“Porque hay más sindicatos en este país y los ciudadanos se han mostrado mayoritariamente contrarios esta reforma”, según ha declarado José Luis Fernández, Secretario de Comunicación de USO, “vamos a ser beligerantes porque entendemos que los sindicatos estamos para firmar mejoras para los trabajadores, no para ser las muletas del Gobierno”.
Estas organizaciones sindicales, a cuya plataforma se ha incorporado el sindicato CESM y en los próximos días esperan que lo haga FASGA, son altamente representativas en sectores punteros de nuestra sociedad, como la educación, banca, administraciones públicas, sanidad, energía, automoción o grandes superficies comerciales. Se han comprometido a hacer llegar a los grupos parlamentarios sus aportaciones para que rechacen este Proyecto de Ley o que contribuyan a que se modifique durante su trámite parlamentario.
Tal y como está planteado, “las pensiones disminuirán aproximadamente un 15%”, según Fernández, “y nuestra sociedad seguirá avanzando en los niveles de pobreza porque el Gobierno hace sus ajustes sacrificando a los que están en peores situaciones”.
Atención a los sectores.
Carmen Guaita, Vicepresidenta Nacional de ANPE, ha pedido que “se mantenga la edad reglamentaria de jubilación para los docentes a los 65 años y las modalidades de jubilación que existen: la prórroga voluntaria de la vida laboral hasta los 70 años y la jubilación anticipada a los 60 para los que lleguen a esa edad con mayor desgaste físico y psicológico”.
Isabel Lozano, Secretaria de Comunicación de SAE, pide que “los profesionales de la sanidad y el bienestar social sean incluidos en un sistema especial, debido a los niveles de estrés de su vida laboral, al estar en contacto permanente con la enfermedad, pues de otro modo con la jubilación a los 67 se dará la situación de que los cuidadores estarán en peores circunstancias que los pacientes a quienes asisten”.
Rafael Reig, Secretario General de Acción Sindical de SATSE, partidario de un sistema flexible y voluntario, ha denunciado que simultáneamente a los recortes en el ámbito de la sanidad se esté rescatando al sector financiero, y ha mostrado su preocupación por “una reforma burda del sistema de pensiones, que es nuestro logro, y cuyo ataque va a revertir en beneficio de los planes de pensiones privados”.
Por su parte, José Ignacio Gutiérrez, Secretario General de CC, ha reconocido no entender “cómo CCOO y UGT se incorporan a esta política de ataque, que no es política social” y señaló que “nuestras pensiones se aproximarán a las peores de toda la Unión Europea”.
http://www.fep-uso.es/attachments/1909_Declaracionconjuntapensionesok.pdf